CARACAS (AFP) — El presidente Hugo Chávez, fortalecido tras el referendo que le abrió las puertas a un tercer mandato en Venezuela, enfrenta una ola de protestas de miles de trabajadores que exigen mejores condiciones en un contexto de austeridad por la caída dramática de los ingresos petroleros.
Las marchas y paros escalonados se acentuaron tras la victoria de Chávez en la consulta del 15 de febrero y afectan a sectores públicos clave como el petróleo, la energía eléctrica, las industrias básicas y el Metro de Caracas.
"Las empresas básicas están casi paralizadas. Más allá de que los trabajadores paren, no hay insumos por las deudas con los proveedores. El rezago tecnológico es muy grande, lo mismo que el pasivo laboral", asegura Pastora Medina, congresista disidente del oficialismo.
Los conflictos laborales se multiplican cuando el precio del petróleo, principal recurso venezolano, apenas supera en este momento los 38 dólares, frente a un promedio de casi 90 dólares en 2008 y a los 60 calculados en el presupuesto oficial de 2009.
Ante esta situación, Chávez, cuyo segundo mandato finaliza en 2012, endureció su postura.
"El que pare aquí una empresa del Estado se está metiendo conmigo, eso es sabotaje y no lo voy a tolerar. Es un mensaje para quienes están politiqueando en las empresas diciendo que son un desastre y están desplomándose", advirtió el mandatario.
Chávez amenazó incluso con militarizar el Metro de Caracas si hay una huelga y pidió a la inteligencia que investigue casos de corrupción en industrias como la del aluminio, señalando que los privilegios de ejecutivos y líderes sindicales a veces "rayan en lo obsceno".
En 2009, Venezuela recibirá entre 35.000 y 40.000 millones de dólares menos que en 2008, cuando los ingresos petroleros rondaron los 95.000 millones de dólares, dijo a AFP el analista José Manuel Puente.
Es decir, los ingresos serían inferiores al total estimado para las importaciones venezolanas.
El problema se agrava por una inflación que en 2008 llegó a 30,9%, la más alta del continente, y que produjo que los salarios perdieran un 10% del poder adquisitivo, observó el experto.
"Muy difícilmente el gobierno podrá hacer ajustes por encima de la inflación", afirmó Puente, previendo un año de "mucha conflictividad laboral".
De hecho el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció un recorte del gasto público y un plan de austeridad, que en el caso de la estatal PDVSA prevé revisar a fondo las tarifas de los contratistas.
Pese a esta situación, Chávez aseguró que no habrá despidos ni recortará sus programas sociales, en los cuales basa gran parte de su popularidad.
En este momento, habría que renegociar los contratos colectivos de unos dos millones de empleados, que en algunos casos vencieron hace cuatro años, dijo a la AFP Froilán Barrios, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
También es necesario solventar un pasivo laboral que ronda los 20.000 millones de dólares y data de 1997, según estimativos sindicales.
Pero las discusiones chocan con otro obstáculo: la división de las uniones obreras entre oficialistas y opositoras.
"Impera una práctica en la cual los decretos sustituyen el diálogo", acusa Barrios, cuya asociación pasó de tener 1,3 millones de afiliados en 2001, a 500.000 en la actualidad.
En la otra orilla, Franklin Rondón, presidente de la Federación de los Trabajadores de la Administración Pública, que dice representar a 400.000 empleados, asegura que "hay grupos opositores impulsando conflictos" contra el gobierno.
Rondón afirma que el ejecutivo "ha mejorado el pago" del pasivo y que se debe empezar por reducir los sueldos de los gerentes, los cuales pueden llegar a 20.000 dólares mensuales, según él.
Barrios coincide con ese pedido, pero cuestiona que Chávez haya dejado pasar la bonanza petrolera sin ponerse al día con sus servidores.
"Ahora que vienen las vacas flacas pretenden que los trabajadores paguemos los platos rotos", lamenta.
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